La histórica remontada de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales brasileñas del pasado domingo cambió el ánimo de un campo popular que atravesaba un momento de pesimismo en América Latina y buena parte del mundo. Después de quedar por detrás en la primera vuelta, el líder del PT consiguió sumar más de diez millones de votos adicionales y frustró una victoria que las derechas vinculadas a Donald Trump daban prácticamente por asegurada. La articulación internacional de esas fuerzas recibió un duro revés, aunque el alcance del resultado y los desafíos que deja abiertos exigen mirar más allá del entusiasmo inmediato.
Lula ha conseguido algo que podría parecer inverosímil en el escenario internacional actual: que la Unión Europea y los BRICS coincidieran en celebrar su reelección. Para comprenderlo hay que atender a la posición que ocupa Brasil en la economía mundial y a los intereses estratégicos que confluyen en ella. Su principal socio comercial es, con mucha diferencia, China, destino de cerca del 30 % de sus exportaciones. Le sigue la Unión Europea, con aproximadamente el 15,5 %, con la que mantiene vínculos económicos históricos marcados por relaciones de dependencia y que se han reforzado institucionalmente con el reciente acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE. En tercer lugar se encuentra Estados Unidos, que absorbe cerca del 10 % de las exportaciones brasileñas y mantiene una importante presencia financiera, industrial y tecnológica. Rusia, por su parte, aunque apenas recibe el 0,5 % de las exportaciones y representa el 3,4 % de las importaciones, desempeña un papel estratégico como proveedor de fertilizantes, esenciales para el poderoso agronegocio del país.
Ante ese entramado, no sorprende que las declaraciones de Flávio Bolsonaro generaran preocupación tanto entre los miembros de los BRICS como en la Unión Europea. El candidato había anunciado que revisaría la permanencia de Brasil en los BRICS, a los que calificó de bloque «muy ideológico», utilizado por Lula para «provocar a Estados Unidos y al presidente Trump». También defendió la necesidad de «liberar» a Brasil de las «amarras del Mercosur» para negociar acuerdos bilaterales con Washington y llegó a presentar los recursos minerales brasileños como una solución para reducir la dependencia estadounidense de China. Esas propuestas apuntaban a una reorientación de la política exterior que reforzaría el alineamiento con la estrategia geopolítica de Trump, comprometiendo relaciones con otros socios estratégicos y la propia autonomía internacional. De ahí que la felicitación de Ursula von der Leyen a Lula deba entenderse principalmente desde una perspectiva estratégica y no como una expresión de afinidad ideológica con el proyecto político del PT.
La dimensión internacional de estos comicios también se manifestó en otro terreno fundamental para comprender la construcción de hegemonía en nuestro tiempo: las nuevas tecnologías. Durante años, el bolsonarismo había conseguido una importante ventaja en la utilización política de las plataformas digitales. Sin embargo, durante las tres semanas que separaron ambas vueltas, la movilización popular consiguió disputar ese predominio comunicativo. Iniciativas como «Ejército de Lula», impulsada por el diputado André Janones, llegaron a reunir cerca de 11 millones de seguidores en WhatsApp, ampliando considerablemente la capacidad de organización y difusión de la campaña. Todo ello mientras salían a la luz restricciones que perjudicaban la difusión de contenidos de Lula en las plataformas y recomendaciones algorítmicas favorables a Bolsonaro, que las compañías atribuyeron a fallos técnicos.
La victoria no modifica la propiedad de esas plataformas, pero sí demuestra que sus ventajas comunicativas no determinan mecánicamente los resultados electorales y pueden ser contrarrestadas mediante la organización colectiva. Y es precisamente en esa organización donde aparece una de las principales claves de la remontada. El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), las centrales sindicales, el movimiento estudiantil y numerosos colectivos juveniles, feministas y vecinales intensificaron la movilización en las calles, los barrios, las universidades y las redes sociales. Una capacidad organizativa construida durante décadas contribuyó a que Lula sumara más de diez millones de votos respecto de la primera vuelta. La victoria no puede comprenderse al margen de ese tejido social, cuya existencia, organización y reivindicaciones van mucho más allá de las estructuras del Partido de los Trabajadores.
Sin embargo, el protagonismo de esas organizaciones también pone de manifiesto las contradicciones del propio Gobierno de Lula. Muchas llevan años reclamando transformaciones sociales más profundas, desde la reforma agraria hasta una mayor independencia frente al capital financiero, y han cuestionado abiertamente algunas de sus decisiones internacionales. Especialmente significativas fueron las críticas del MST y otras organizaciones populares a su política respecto a Venezuela, incluido el veto brasileño a su incorporación a los BRICS en 2024. Su participación en la campaña, por tanto, no supone un respaldo incondicional a la gestión gubernamental. Las mismas fuerzas que contribuyeron a impedir el regreso del bolsonarismo conservan reivindicaciones y objetivos que desbordan ampliamente el programa del Ejecutivo.
Esa contradicción adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que Lula continuará gobernando sin mayoría propia en el Congreso ni en el Senado, condicionado por fuerzas conservadoras que han reforzado considerablemente su representación parlamentaria. La victoria presidencial no equivale, por tanto, a una transformación general de la correlación de fuerzas. La movilización popular que contribuyó a conseguirla será también fundamental para disputar esa correlación y exigir avances en materia social, soberanía e integración y unidad latinoamericana.
En ese último terreno, la experiencia reciente debería servir para revisar algunas decisiones de la política exterior brasileña. El debilitamiento de los mecanismos de integración ha dejado a América Latina más expuesta a las presiones estadounidenses, mientras que las decisiones de Brasil respecto a Venezuela, especialmente el veto a su incorporación a los BRICS, contribuyeron a profundizar fracturas que dificultan una respuesta regional común. La intervención militar estadounidense del pasado 3 de enero, el secuestro del presidente venezolano y la continuidad del asedio criminal contra Cuba sitúan a la región ante un escenario en el que reconstruir la unidad latinoamericana constituye una necesidad estratégica, más allá de las diferencias políticas entre sus gobiernos.
Quizá la propia reacción a las elecciones brasileñas ofrezca la advertencia más elocuente. Flávio Bolsonaro cuestionó inicialmente los resultados y Donald Trump habló de un supuesto fraude sin aportar pruebas. Un mecanismo de deslegitimación electoral que conocemos bien en América Latina y que puede servir de antesala a nuevas formas de presión e injerencia. Hace apenas unas semanas, el pueblo parecía relegado al papel de espectador de una agenda política decidida lejos de él. Sin embargo, la victoria de Lula ha demostrado que la organización popular puede alterar una correlación de fuerzas aparentemente consolidada. El bolsonarismo conserva una enorme base social y posiciones importantes de poder, mientras que las urnas, por sí solas, no han resuelto ninguna de las grandes contradicciones que atraviesan Brasil y el continente. Queda por comprobar hasta qué punto esta victoria permitirá avanzar en las transformaciones sociales pendientes y recuperar una unidad latinoamericana cuya ausencia se ha vuelto cada vez más peligrosa.
