La sorpresiva insolvencia de Ueno Bank, uno de los mayores bancos privados de Paraguay, derivó en una crisis política de escala mayor: el presidente Santiago Peña enfrenta protestas callejeras, incertidumbre económica y un incipiente pedido de juicio político en su contra. La intervención dispuesta por el Banco Central paraguayo (BCP) en la madrugada del martes, por “insuficiencia de su índice de solvencia”, dejó a millones de clientes sin acceso a la aplicación, las páginas web, las tarjetas de débito y crédito y todos los canales de comunicación de la entidad.
La medida no declaró formalmente una quiebra, pero el efecto fue inmediato: la entidad no tenía fondos suficientes para operar y sus clientes quedaron en un limbo financiero. En las horas siguientes se allanaron sucursales mientras el BCP aseguraba que los ahorros estaban protegidos por “la solidez” del sistema y que serían devueltos en un plazo máximo de quince días. La promesa no calmó los ánimos: miles de personas salieron a las calles para exigir la devolución inmediata de sus fondos y calificaron la situación como una “estafa” y un “fraude”.
Leé tambiénInternacionalesLa oposición paraguaya pide juicio político contra el fiscal general Rolón
El malestar social se transformó en presión política. Legisladores de la Cámara de Diputados comenzaron a reunir firmas para iniciar un proceso de destitución de Peña y de su vicepresidente, Pedro Alliana, a quienes acusan de conflicto de intereses, cooptación del Estado, manipulación regulatoria, desvío de fondos jubilatorios, sobrepaso de límites crediticios, encubrimiento institucional, beneficio patrimonial indebido y afectación de la confianza en el sistema financiero nacional.
“El presidente Santiago Peña Palacios ha subordinado flagrantemente la administración del Estado a su interés privado, esta conducta no solo constituye un mal desempeño institucional severo, sino que configura sólidos indicios del delito de enriquecimiento ilícito, haciendo imperiosa su remoción para salvaguardar el orden republicano”, sostiene el documento presentado por los diputados, que también recoge un reclamo ciudadano.
Peña intentó bajar la temperatura con un mensaje público: “El sistema financiero es fuerte, cuenta además con instituciones y mecanismos de protección, tengan la seguridad de que quienes resulten responsables de irregularidades deberán responder y ya lo están haciendo, ante la justicia, sin excepciones, mantengamos la serenidad para enfrentar esta situación de la mejor manera”. Sin embargo, la presión no proviene solo de la oposición. El vicepresidente de la oficialista Asociación Nacional Republicana (ANR), Rodolfo Friedmann, pidió que el presidente “y sus cómplices” sean expulsados del partido “ante las graves denuncias de un presunto fraude financiero con fondos públicos y utilización de instituciones del Estado”.
El frente más delicado para el mandatario es la investigación periodística difundida el 17 de octubre, según la cual Ueno Holding Saeca, una firma vinculada a Ueno Bank, pagó al menos hasta marzo de 2026 una fortuna de 30.000 millones de guaraníes a una empresa en la que Peña figuraba como accionista. A eso se suma que en septiembre de 2023, al iniciar su Gobierno, Peña designó al frente del BCP a Carlos Carvallo, un exdirectivo de la Financiera Ueno, quien desde entonces debía supervisar que su anterior empleador cumpliera con las leyes financieras, algo que no ocurrió.
El caso se agrava porque, con Peña en la presidencia y Carvallo en el BCP, Ueno Bank comenzó a recibir multimillonarios fondos del estatal Instituto de Previsión Social para pagar las jubilaciones, lo que redundó en ganancias extraordinarias para los banqueros que esta semana quedaron detenidos. Carvallo ya se vio forzado a renunciar por el escándalo, mientras la investigación sobre su presunta responsabilidad en los desmanejos financieros recién comienza.
La Cámara de Diputados convocó una sesión urgente para debatir el proyecto que busca habilitar pagos rápidos a los clientes del banco, en particular a los jubilados, uno de los sectores más golpeados: muchas personas mayores cobraban sus haberes en Ueno y quedaron sin acceso a sus cuentas. El Instituto de Previsión Social prometió habilitar nuevas cuentas para garantizar los pagos. En paralelo, la Fiscalía detuvo a ocho directivos de Ueno Bank imputados por estafa, presunta lesión de confianza y conducta indebida en situaciones de crisis. “Santiago Peña tiene que estar preso”, advirtió el diputado opositor Raúl Benítez. La crisis, coinciden analistas y dirigentes, recién comienza.