El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón Fernández, presentó su renuncia al cargo que ocupaba desde 2023, acorralado por las críticas a su gestión al frente del Ministerio Público a raíz del desfalco de Ueno Bank, el escándalo que derivó en la destitución y el posterior encarcelamiento del expresidente Santiago Peña.
La dimisión fue confirmada por la Presidencia de la República, que indicó haber recibido la nota correspondiente. Según detallaron desde el Poder Ejecutivo, el propio Rolón explicó en el escrito los motivos de su decisión y el marco institucional en el que se produce.
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"En la nota, el Fiscal General señala que su decisión se da en el marco del juicio político instalado en la Cámara de Diputados y que presenta su renuncia ante el Poder Ejecutivo, en su carácter de titular de su nombramiento", detalló la Presidencia.
La salida del funcionario no resultó del todo sorpresiva. En los últimos días había aumentado de manera sostenida la presión política en su contra, con varios sectores que lo acusan de negligencia en las pesquisas ordenadas tras la intervención de Ueno Bank, diligencias que, según esas mismas imputaciones, habrían beneficiado a varios implicados, entre ellos el propio Peña.
El pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados se formalizó la semana pasada y contó con respaldos que excedieron a la oposición: hasta la bancada oficialista acompañó la iniciativa, un dato que terminó de sellar el aislamiento del fiscal general.
Rolón había intentado justificar los errores cometidos durante la investigación y los atribuyó al exceso de trabajo de los funcionarios del ente acusador y a la falta de personal. Entre las fallas que la oposición y distintos juristas le reprocharon figuran:
- La demora en la incautación del teléfono del expresidente.
- Los allanamientos realizados de manera tardía.
- La falta de protocolos de custodia de las pruebas recolectadas.
Esos argumentos fueron fuertemente criticados y terminaron de inclinar la balanza: varios juristas y parlamentarios pidieron formalmente su salida del cargo, posición que se profundizó con el correr de los días.
La crisis se desató cuando el Banco Central inició un "procedimiento de resolución" de Ueno Bank ante sus problemas financieros, lo que paralizó las operaciones de la entidad y dejó a millones de clientes afectados. Entre las acusaciones contra Peña figuran sus antiguos vínculos accionarios con el grupo empresarial que controlaba el banco, el nombramiento de Carvallo al frente del organismo regulador y la colocación de unos 355 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS) en la entidad, en operaciones cuyos límites legales fueron cuestionados.
Los denunciantes sostienen que las autoridades del Banco Central del Paraguay conocían desde abril de 2026 los problemas de Ueno Bank, pero no adoptaron oportunamente las medidas necesarias para evitar la crisis. La investigación también examina las colocaciones de fondos de otras instituciones estatales, mientras miles de ahorristas continúan reclamando la recuperación de su dinero.
Peña fue destituido del cargo pese a haber presentado su renuncia y posteriormente quedó en prisión preventiva, imputado por asociación criminal, lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso.
Con la renuncia de Rolón, el Poder Ejecutivo deberá definir ahora el mecanismo para cubrir la titularidad del Ministerio Público en un contexto de fuerte cuestionamiento institucional, mientras el juicio político ya instalado en Diputados y la causa por el desfalco bancario siguen marcando la agenda política paraguaya.
Información gentileza de Presidencia de Paraguay