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Fiscalía de Paraguay imputó a Santiago Peña por asociación criminal en el caso Ueno Bank

El Ministerio Público amplió las acusaciones contra el expresidente, que ahora afronta tres cargos por el escándalo financiero que derivó en su destitución. La misma medida alcanza al expresidente del Banco Central, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, y al superintendente de Bancos, Holger Aníbal Insfrán Ibarrola.

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Por Juan Pablo Mercado
14 Nov, 2026 a las 13:10 hs Internacionales
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El Ministerio Público de Paraguay imputó al expresidente Santiago Peña por el presunto delito de asociación criminal en el marco de la causa por el Ueno Bank, el escándalo financiero que derivó en su destitución. La decisión fue adoptada el 13 de noviembre y constituye una ampliación de las acusaciones que ya pesaban sobre el exmandatario, quien se encuentra en prisión preventiva.

La nueva imputación no se limita a Peña. El escrito fiscal alcanza también al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, y al superintendente de Bancos del BCP, Holger Aníbal Insfrán Ibarrola. Con esta medida, la Fiscalía apunta a escalar en la cadena de responsabilidades y a involucrar a quienes ocupaban los principales cargos de regulación y supervisión del sistema financiero en el período investigado.

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"Los imputados habrían integrado una estructura organizada con distribución de funciones, en la que habrían intervenido autoridades del Poder Ejecutivo y del BCP, con el supuesto propósito de favorecer intereses vinculados al conglomerado empresarial relacionado con el Grupo Vázquez y Ueno Bank", sostuvo la Fiscalía.

La descripción del Ministerio Público es relevante porque no habla de conductas aisladas, sino de un reparto de tareas entre el poder político y la autoridad monetaria. Ese enfoque es el que sostiene la figura de asociación criminal, que en el esquema procesal paraguayo exige acreditar la existencia de un acuerdo previo y una organización con roles definidos, más allá de los delitos concretos que se investigan.

Con esta ampliación, Peña pasa a afrontar tres cargos. Ya estaba imputado por los presuntos delitos de administración en provecho propio y lesión de confianza, imputaciones que motivaron su prisión preventiva. Sobre esos dos delitos, una fiscal informó el 11 de noviembre que el exmandatario (2023-2026) podría recibir una condena de 15 años de prisión, una estimación que en la práctica anticipa la estrategia de la acusación y el nivel de gravedad que el caso adquirió para la Justicia.

El expediente se convirtió en uno de los más sensibles de la política paraguaya reciente. La causa por el Ueno Bank no solo provocó la caída del gobierno, sino que ahora coloca en el centro de la escena a dos exfuncionarios de jerarquía del BCP, cuya actuación como reguladores y supervisores resulta clave para entender cómo se habría articulado el supuesto favorecimiento a intereses empresariales vinculados al Grupo Vázquez.

Para la defensa de los imputados el desafío será doble: por un lado, discutir la materialidad de los hechos que la Fiscalía atribuye; por el otro, desarmar la hipótesis de la estructura organizada, que es precisamente la que eleva la escala de riesgo procesal. La asociación criminal no requiere la prueba de un delito específico consumado, sino la demostración del pacto y de la distribución de funciones, un terreno donde los indicios y las comunicaciones suelen tener tanto peso como las resoluciones administrativas.

En el plano institucional, la imputación a un expresidente y a dos exautoridades del banco central abre una discusión más amplia sobre los mecanismos de control del sistema financiero y sobre los vínculos entre el poder político y los grandes conglomerados económicos. La causa seguirá su curso y, con ella, la atención pública sobre un caso que ya marcó un antes y un después en la vida política paraguaya.

Información gentileza de Ministerio Público de Paraguay

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