PUERTO RICO.- La problemática situación de los pacientes misioneros que dependen del transporte público para acceder a servicios de salud en Posadas ha alcanzado un punto crítico. Usuarios locales denuncian que varias empresas de transporte de media distancia estarían incumpliendo de manera sistemática la Ley de Gratuidad, un derecho fundamental para personas con discapacidad, dejándolos varados en las paradas bajo pretextos que los afectados califican de falsos y discriminatorios.
El relato de quienes sufren esta situación es alarmantemente consistente. Según testimonios recogidos, las unidades suelen llegar a las paradas en horas de la madrugada y los choferes niegan el ascenso a los pasajeros con Certificado Único de Discapacidad (CUD). El argumento recurrente es que el cupo asignado para personas con CUD ya se encuentra completo. Sin embargo, los pasajeros afectados sostienen que esta es una maniobra deliberada para priorizar a aquellos que abonan el boleto en efectivo, lo cual representa una clara violación de sus derechos.
Las consecuencias de esta falta de control y fiscalización son devastadoras. La pérdida de un turno médico en la capital provincial, para muchos, no es un mero inconveniente. En numerosos casos, implica la reprogramación de citas con especialistas, quienes a menudo manejan listas de espera que pueden extenderse hasta un año. Para pacientes que ya enfrentan dificultades como el recorte en la entrega de medicamentos y la creciente burocracia del sistema de salud, ser dejados sin transporte en la ruta se traduce en un golpe directo a su integridad física, emocional y a su calidad de vida.
La normativa nacional y provincial es clara al respecto: los primeros cuatro asientos de cada unidad de transporte público deben ser de uso exclusivo y prioritario para personas con discapacidad. A pesar de esta estipulación legal, la fiscalización en las rutas parece ser inexistente o, al menos, ineficaz, permitiendo que este tipo de abusos persistan impunemente.
Ante este panorama, la comunidad y los afectados exigen una intervención urgente por parte de la Subsecretaría de Transporte de la Provincia y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Mientras los derechos de los ciudadanos quedan relegados a meros documentos escritos, los pacientes continúan perdiendo citas médicas vitales, atrapados entre las falacias de las empresas de transporte y una burocracia que no parece ofrecer respuestas rápidas y efectivas a quienes más lo necesitan.
