El Senado de Paraguay declaró culpable y destituyó por mal desempeño de sus funciones al presidente Santiago Peña, en una votación nominal que arrojó 44 votos por la condena, ningún voto por la absolución y un ausente. La resolución, adoptada por unanimidad de los presentes, lo separa de pleno derecho del cargo de presidente de la República y lo deja fuera de la posibilidad de acceder a la senaduría vitalicia y a los fueros que le corresponderían, conforme al artículo 189 de la Constitución.
La decisión llegó en medio de una crisis política y financiera de enorme magnitud, originada en la intervención del Ueno Bank, entidad con la que el ahora expresidente mantuvo vínculos empresariales. Según se consignó durante el proceso, la medida afectó a unos tres millones de clientes, un número que dimensiona el impacto social del caso y que explica la velocidad que adquirió el trámite parlamentario.
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El 5 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el juicio político contra Peña y remitió el expediente al Senado para su juzgamiento. Ese mismo día, el mandatario presentó su renuncia, pero la sesión conjunta del Congreso convocada para decidir si la aceptaba quedó sin cuórum. La resolución sobre su dimisión quedó pendiente y, por lo tanto, permaneció formalmente en el cargo mientras el juicio político avanzaba en la Cámara alta.
Antes de que el Senado retomara la sesión para escuchar su defensa, Peña solicitó una prórroga de 72 horas para prepararse, al considerar insuficiente el plazo otorgado para responder a las acusaciones. El pedido fue rechazado y el proceso continuó.
Peña no asistió personalmente al juicio político, pese a haber prometido dar la cara y "destapar la olla". Dejó su defensa en manos de los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda. Ferreiro sostuvo que el procedimiento carecía de validez tras la renuncia del mandatario: "Ante la renuncia del funcionario, cesaba el juicio político porque dejaba de tener sentido", argumentó, y advirtió que su cliente podría recurrir a instancias internacionales. Preda, por su parte, denunció que la acusación carecía de pruebas y cuestionó el escaso tiempo concedido para preparar la defensa.
Minutos antes de la votación definitiva, el exmandatario publicó un breve mensaje en redes sociales en el que se despidió del cargo "con gratitud". "Presenté mi renuncia para evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay. No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal", escribió en X.
Entre las principales acusaciones figuran haber favorecido al Ueno Bank, entidad en cuya sociedad controladora Peña mantuvo una participación accionaria hasta 2025. Los legisladores también cuestionaron el nombramiento de un exdirectivo del banco al frente del Banco Central y la colocación de unos 355 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS) en la entidad, presuntamente por encima de los límites legales. El expediente incluyó presuntos conflictos de intereses e irregularidades vinculadas al manejo de fondos previsionales.
La sucesión presidencial corresponde al vicepresidente Pedro Alliana, quien deberá completar el mandato hasta el 15 de agosto de 2028. Al asumir el poder dejará vacante la Vicepresidencia y, como restan menos de dos años del período de gobierno, el artículo 234 de la Constitución establece que el Congreso elegirá al nuevo vicepresidente por mayoría absoluta de sus miembros para completar el mandato.
Con la destitución consumada, el Paraguay ingresa en una etapa de reacomodamiento institucional marcada por la urgencia de contener el frente financiero abierto con la intervención del Ueno Bank y de sostener la gobernabilidad hasta el final del período constitucional.