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Renuncia el titular del Banco Central de Paraguay tras el colapso de Ueno Bank

Carlos Carvallo dejó la presidencia del ente emisor luego de que Santiago Peña se lo pidiera por redes sociales. El directorio dispuso iniciar el procedimiento de resolución de la banca digital, cuyo índice de solvencia cayó por debajo de la mitad del mínimo exigido. La oposición anunció un pedido de juicio político y una investigación periodística reavivó las sospechas sobre los vínculos entre el mandatario y el grupo financiero.

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Foto de Juan Pablo Mercado
04 Nov, 2026 a las 11:30 hs Internacionales
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La renuncia de Carlos Carvallo a la presidencia del Banco Central del Paraguay (BCP) cerró una jornada de vértigo para el sistema financiero del país, después de que el propio jefe de Estado, Santiago Peña, le pidiera públicamente que abandonara el cargo mediante un mensaje difundido en sus redes sociales. La salida del funcionario se produjo el martes 3 de noviembre, el mismo día en que el directorio del ente emisor resolvió avanzar con la resolución de Ueno Bank, la entidad financiera digital que quedó contra las cuerdas tras constatarse un severo deterioro de su índice de solvencia.

Según el comunicado difundido por el banco central, la decisión se adoptó por disposición unánime de su directorio y consiste en iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, luego de verificarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento del mínimo requerido, como consecuencia de los ajustes practicados a sus estados financieros durante el proceso de regularización. La medida, explicó la autoridad monetaria, busca atender la situación de manera ordenada, proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero en su conjunto.

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El ente emisor precisó que los depósitos cuentan con una garantía de hasta setenta y cinco salarios mínimos mensuales para actividades diversas no especificadas, por persona física o jurídica en cada entidad financiera, conforme al régimen legal aplicable. A la fecha, el monto máximo de esa cobertura equivale a 228.300.000 guaraníes, unos 38.249,43 dólares, y se aplica a cada depositante por separado y por entidad, no por cada cuenta individual. Pese a ese techo, el BCP aseguró que llevará adelante los mecanismos previstos en la ley para procurar la mayor protección posible de los saldos que excedan la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos.

La reacción del Ejecutivo

En paralelo, Peña escribió en su perfil de la red social X que, ante los hechos de público conocimiento registrados en el transcurso de la jornada, había pedido la renuncia del presidente del Banco Central. El mandatario informó además que acordó con los presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores la discusión de un proyecto de ley para autorizar el pago inmediato a los ahorristas afectados, así como la devolución de los fondos públicos que reposaban en la entidad, incluidos varios correspondientes a jubilaciones del sector gubernamental.

En el mismo mensaje, instruyó al BCP a informar a toda la ciudadanía los plazos y los mecanismos de devolución de los fondos garantizados, y remarcó que se trata de un caso particular de una entidad y no del sistema financiero nacional. Sostuvo, en esa línea, que quienes sean responsables deberán responder ante la Justicia, sin excepciones y sin privilegios.

Ofensiva opositora y el hilo de la investigación

La bancada opositora en el Senado adelantó que presentará una petición de juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, a quienes señala por enriquecimiento ilícito, según consignó el diario ABC Color. La arremetida legislativa se apoya en una investigación periodística publicada el 17 de octubre, que reveló que Ueno Holding Saeca, una firma vinculada a Ueno Bank, pagó 30.000 millones de guaraníes —aproximadamente 5,026 millones de dólares— a una empresa en la que el jefe de Estado figuraba como accionista hasta marzo pasado. A ese dato se suma que Carvallo fue titular de la antigua Financiera Ueno, también relacionada con la entidad hoy colapsada.

El expediente abre varios frentes simultáneos: la resolución ordenada de una banca digital con miles de clientes, el alcance real de la garantía estatal sobre los ahorros, la devolución de recursos públicos y una pulseada política que ya escaló al terreno del juicio político. Mientras el Gobierno insiste en acotar el episodio a una entidad puntual para despejar dudas sobre la solidez del resto del sistema, la oposición y los ahorristas aguardan respuestas concretas sobre plazos, montos y responsabilidades. El desenlace dependerá, en buena medida, de la celeridad con que el BCP publique los mecanismos de devolución y de cómo avance la discusión legislativa que el propio Ejecutivo habilitó en tiempo récord.

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