La crisis desatada por la insolvencia y el cierre de Ueno Bank sigue sacudiendo el tablero político y económico de Paraguay, y ya no hay actor institucional que quede al margen. Al impacto sobre el presidente Santiago Peña se suman la detención de las cabezas directivas de la entidad, la incautación de bienes de lujo y un operativo de restitución de fondos que avanza a cuentagotas y bajo un baremo estricto.
El Banco Central del Paraguay (BCP) informó que ya acreditó más de 50 millones de dólares a 772.000 ahorristas que integran el primer grupo de afectados. Se trata, según las autoridades monetarias, de los depositantes que cumplen con todos los criterios fijados para esta etapa inicial: no registrar deudas pendientes con la entidad quebrada, poseer una cuenta en otra entidad bancaria y haber acumulado hasta 10 millones de guaraníes en depósitos, equivalentes a unos 1.622 dólares.
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La entidad habilitó canales de consulta a través de su sitio web para que los ahorristas verifiquen su situación y el estado de los pagos. En las últimas horas, numerosos clientes reportaron en redes sociales movimientos en sus cuentas, aunque buena parte de los damnificados todavía espera respuestas: quienes superan el tope establecido o mantienen obligaciones con el banco intervenido quedaron fuera de esta primera tanda y deberán aguardar las próximas etapas del mecanismo de garantía de depósitos.
En paralelo, la Fiscalía paraguaya desplegó varios allanamientos en oficinas de Itti Saeca y del Grupo Vázquez, en Asunción, en el marco de las investigaciones que alcanzan a Peña, a su vicepresidente Pedro Alliana y a otras autoridades, entre ellas el dimitido titular del BCP, Carlos Carvallo.
Uno de los procedimientos, ejecutado durante la noche del 5 de noviembre, permitió incautar vehículos de alta gama en la residencia del exdirectivo de Ueno Bank Miguel Vázquez, ubicada en el exclusivo barrio Mbocayaty de Asunción. Con grúas, los equipos fiscales retiraron de la propiedad varios autos cuyo valor de mercado, según la prensa local, resulta difícil de justificar frente al patrimonio declarado.
Entre los rodados secuestrados figuran un Porsche 911 GT3, tasado entre 211.000 y 274.000 dólares; un Bentley Continental GT, cotizado entre 300.000 y 400.000 dólares; un Mercedes-Benz Brabus 500 G blindado, naftero y de ocho cilindros, valuado en 550.000 dólares; y una Mercedes-Benz Clase G, situada entre 200.000 y 250.000 dólares. La lista se completa con un Mercedes-Benz AMG GT 63, un BMW de la serie M, y un Lexus LX, con valores que oscilan entre 95.000 y 200.000 dólares según el modelo.
En medio del terremoto económico y político, el todavía presidente solicitó una prórroga de 72 horas para ejercer su defensa en el juicio político que estaba previsto para este viernes y que fue impulsado por la oposición con el respaldo de parlamentarios disidentes del propio oficialismo. Peña, cuya renuncia fue rechazada la víspera, considera "insuficiente" cualquier plazo inferior a 12 horas para encarar un proceso ajustado a derecho.
El libelo acusatorio le atribuye al mandatario vínculos económicos con los grupos empresariales salpicados por la quiebra del banco, designaciones cuestionadas por su aparente falta de idoneidad, cambios en las reglas de inversión, concentración de recursos y advertencias que habrían quedado sin respuesta. El antecedente que sobrevuela el debate es el impeachment de 2012 contra Fernando Lugo, destituido en un procedimiento exprés en el que contó apenas con 17 horas para armar su defensa.
Detrás de las cifras y de las disputas institucionales hay una crisis que golpea principalmente a los trabajadores. Los usuarios afectados rondan el 45 por ciento de la población paraguaya, que perdió acceso a sus ahorros, mientras otros sectores que dependían de esos fondos para sus jubilaciones quedaron atrapados por la incertidumbre sobre sus ingresos. Tras la intervención y el cierre de la entidad, las protestas no se hicieron esperar y las calles de Asunción fueron escenario de movilizaciones masivas de ahorristas en el microcentro, en una postal que condensa la desconfianza de una sociedad que todavía espera saber si recupera lo que depositó.