El Senado de Paraguay rechazó la prórroga solicitada por el presidente Santiago Peña para someterse al juicio político que se sustancia este viernes en el Congreso por el caso de Ueno Bank, una definición que llegó acompañada de una medida de fuerte carga simbólica: la restricción del uso de los aviones presidenciales.
La votación fue contundente. Con 39 votos en contra y apenas tres a favor, el pleno desestimó el pedido de extensión y, en cambio, convocó al aún mandatario en funciones a que se presente o envíe a su abogado en los próximos minutos. La resolución también alcanza al traslado: según detallaron medios locales, Peña debe abandonar Mburuvicha Róga y desplazarse por tierra hasta el edificio del Congreso, ya que la medida restringe el uso de cualquier aeronave, incluido el helicóptero presidencial.
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El pedido formal había sido enviado la víspera. A través de una carta dirigida al presidente del Congreso, Basilio Núñez, Peña solicitó una extensión de 72 horas con el argumento de que necesitaba "contar con el tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza y ejercer el derecho a la defensa". La respuesta del Senado fue negativa y llegó en medio de un clima de máxima tensión institucional.
La definición, además, expuso una fractura visible en el interior del oficialismo. Según se informó, la decisión sobre la prórroga provocó choques entre los propios parlamentarios pertenecientes al Partido Colorado, ya que varios de ellos votaron para aceptar el pedido del mandatario. Esa divergencia interna se suma a un escenario político que se deterioró con rapidez en las últimas jornadas.
El juicio político se desarrolla en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank, que afectó a unos tres millones de clientes. Las acusaciones contra Peña incluyen presuntos conflictos de intereses e irregularidades relacionadas con el banco y con el manejo de fondos previsionales. Se trata de un expediente que combina el impacto financiero sobre una porción muy amplia de la población con la discusión sobre la conducta del propio jefe de Estado.
El cuadro se completa con un dato políticamente decisivo: Peña presentó su renuncia la víspera, pero esa dimisión no lo exime de someterse igualmente al procedimiento de impeachment. La secuencia de las últimas horas —la carta pidiendo 72 horas, la renuncia anticipada y ahora el rechazo del Senado— dibuja un mandatario que intentó administrar tiempos y formas para llegar al debate con margen de maniobra, y que se encontró con un Congreso dispuesto a fijar las reglas del procedimiento.
La restricción sobre las aeronaves oficiales no es un detalle menor. En términos prácticos, obliga a un desplazamiento terrestre y, en términos políticos, funciona como una señal de que el cuerpo legislativo busca marcar el límite del ejercicio del poder presidencial mientras el proceso está en curso. La imagen del jefe de Estado trasladándose por ruta hacia la sede del Congreso, en lugar de hacerlo por aire, condensa el momento de debilidad institucional.
Con el rechazo de la prórroga, el paso siguiente queda atado a la comparecencia del mandatario o de su defensa. La convocatoria es inmediata y el margen de dilación prácticamente nulo. Mientras tanto, la atención pública permanece concentrada en el desenlace de un juicio político que nació de una crisis bancaria de enorme alcance social y que ahora se dirime, también, en la letra chica de los procedimientos y en la disputa por el control de los tiempos.