Cada 19 de septiembre, la Argentina conmemora el Día Nacional de las Personas Sordas, una fecha que remite a un hecho fundacional: la sanción, en 1885, de la ley que dio origen al Instituto Nacional de Sordomudos y que marcó el inicio de la educación pública destinada a la comunidad sorda en nuestro país. Se trata de un antecedente que, con el correr de las décadas, fue acompañado por un cambio profundo en la manera de nombrar y de comprender a esa comunidad.
En ese marco, desde el Ministerio de Salud Pública se difundió un mensaje institucional en el que se subraya la necesidad de promover un enfoque integral capaz de reconocer, respetar y valorar la identidad lingüística y cultural de las personas sordas, así como el uso de la Lengua de Señas Argentina (LSA). La adhesión a la efeméride no se limita a un saludo protocolar: implica asumir que la accesibilidad comunicacional es también una dimensión de la salud.
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La propia evolución del lenguaje da cuenta de ese giro. La denominación histórica de "sordomudo" fue dejando lugar a la de "persona sorda", en sintonía con una concepción que entiende a la sordera no como una carencia que debe repararse a toda costa, sino como una condición atravesada por una lengua, una cultura y una forma particular de habitar el mundo. La LSA, en ese sentido, no es un conjunto de gestos sucedáneos del español, sino una lengua natural, con gramática y sintaxis propias, que constituye el principal vehículo de comunicación y de construcción de identidad para buena parte de la comunidad.
Ese reconocimiento tiene consecuencias concretas en el ámbito sanitario. Toda persona que acude a una consulta, a una guardia o a un vacunatorio necesita comprender y ser comprendida: entender una indicación médica, describir un síntoma, leer un prospecto, dar un consentimiento informado. Cuando falta un intérprete de LSA o cuando el personal de salud no cuenta con herramientas básicas de comunicación, se levantan barreras que afectan la calidad de la atención y, en ocasiones, la seguridad del propio paciente. Por eso, el enfoque integral que se promueve incluye la formación de los equipos, la adecuación de los circuitos de atención y la garantía del derecho a la información en formatos accesibles.