La detención de Santiago Peña en su domicilio, ordenada por la Fiscalía y ejecutada por la Policía Nacional de Paraguay, marcó un cierre abrupto para una jornada política que ya era extraordinaria: horas antes, el Senado había aprobado su destitución mediante un juicio político y Pedro Alliana asumía la Presidencia. El procedimiento fue informado por ABC y confirmó que el expresidente quedó bajo custodia en su residencia particular.
Según la reconstrucción periodística, los agentes se presentaron en la vivienda del exmandatario para notificarle la orden de detención emitida por el Ministerio Público. La diligencia se formalizó en cumplimiento de la Nota N.º 97 del equipo especial anticorrupción. La medida se concretó el viernes 6 de noviembre, mientras Alliana juraba ante el Congreso Nacional como nuevo presidente de Paraguay.
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La causa que involucra a Peña es la N.º 92/2026, caratulada «Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros», vinculada con presuntas irregularidades en Ueno Bank. La orden fue emitida por un equipo de fiscales especializados en delitos económicos, anticorrupción y delitos informáticos, y remitida a la Comandancia de la Policía Nacional para su cumplimiento.
Entre las acusaciones investigadas figuran los vínculos empresariales que el expresidente mantuvo con el grupo Ueno y la actuación de las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) ante los problemas financieros de la entidad. Los denunciantes sostienen que el organismo regulador conocía las irregularidades desde abril de 2026, pero no adoptó oportunamente las medidas necesarias para evitar la crisis.