Los datos biométricos de por lo menos tres millones de clientes de Ueno Bank quedaron en un territorio sin dueño ni reglas claras. La entidad que colapsó en Paraguay acumuló información sensible de personas que contrataron servicios financieros y, a partir de ese vaciamiento, nadie puede precisar hoy qué pasará con ese archivo gigante, quiénes tienen acceso a los servidores ni de qué manera se resguardará la privacidad de millones de personas. Los especialistas consultados coinciden en un punto: los vacíos legales en materia de protección de datos que existen en el país sudamericano convierten ese acervo en un material codiciado y, al mismo tiempo, absolutamente desprotegido.
La dimensión del problema excede lo estrictamente financiero. La información personal de quienes habían confiado en la entidad se transformó en una faceta inesperada de la crisis económica, política y social que desató el vaciamiento del banco y que derivó en la acelerada destitución y posterior detención del presidente Santiago Peña. A la angustia de miles de ahorristas que perdieron sus ahorros y sus jubilaciones se suma ahora una inquietud distinta, menos visible y más silenciosa: la posibilidad cierta de que sus huellas digitales, reconocimientos faciales, domicilios, correos y números de teléfono sean comercializados sin ningún tipo de autorización.
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Las alarmas se encendieron cuando el nuevo presidente del Banco Central de Paraguay (BCP), Jorge Schreiner, denunció que el verdadero negocio de Ueno Bank no era financiero, sino la captación de una base de datos con la que luego podrían concretarse otros negocios. Esa definición, pronunciada en medio de la conmoción institucional, instaló una pregunta incómoda: si el objetivo era el registro de información, el colapso de la entidad deja ese activo a la deriva.
Luis Benítez, especialista en ciberseguridad, advirtió en una entrevista con la radio Monumental que la cifra de afectados podría ser mucho mayor que la estimada, porque el banco recopilaba datos biométricos también de personas que no eran sus clientes, pero que compraban entradas para espectáculos deportivos o artísticos a través de sus plataformas.
"Con los sistemas que se tienen actualmente se está armando lo que se llama el 'gemelo digital', son todos los datos de una persona; identidad, mail, celular, nombre, dirección, con todo eso puedo hacer análisis de tu comportamiento físico, de movimiento, consumo, opiniones, de tu pensar político, conducta sexual, sicología", explicó.
La abogada especialista en protección de datos Tania Guerrero detalló, en diálogo con el portal Última Hora, las consecuencias que puede tener una filtración masiva. Recordó, además, un antecedente que funciona como advertencia: el año pasado se publicó de manera ilegal una base de datos de 200.000 clientes de Ueno Bank. La investigación quedó en manos de la Secretaría de Defensa del Consumidor, nunca avanzó y la filtración terminó impune.
Entre los riesgos que enumeran los expertos aparecen varios frentes simultáneos:
- Suplantación de identidad con datos biométricos irreemplazables, ya que una huella o un rostro no se pueden cambiar como una contraseña.
- Venta no autorizada de paquetes de registros a terceros, en un mercado internacional que paga por ese tipo de archivos.
- Perfilado comercial y político a partir del cruce de consumos, movimientos y opiniones.
- Extracción o manipulación no autorizada de información desde servidores que hoy carecen de control regulatorio estricto.
Guerrero sostuvo que la responsabilidad de proteger los datos de los clientes debería recaer en el Banco Central para que active de forma inmediata medidas técnicas de seguridad que impidan cualquier extracción o manipulación no autorizada de los servidores. Su advertencia apunta al escenario que se abre con la reestructuración de la entidad.
"En un escenario de reestructuración, la transferencia de activos informáticos sin un estricto control regulatorio abre la puerta al uso indebido de los registros o a la venta no autorizada de paquetes de datos a terceros", afirmó.
Mientras la crisis política y económica sigue su curso, millones de personas conviven con una doble pérdida: la de sus ahorros y la de la certeza sobre el destino de su información más íntima. Hasta el momento no existe un protocolo público que explique qué se hará con esa base, quién la custodiará ni cómo se notificará a los afectados en caso de que se detecte un acceso indebido. La pregunta sobre el futuro de los datos biométricos sigue sin respuesta oficial, y cada día que pasa sin definiciones amplía el margen de maniobra de quienes podrían lucrar con ellos.