La renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, a pedido del jefe de Estado Santiago Peña, terminó de transformar en crisis política lo que había empezado como un problema financiero: el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, la entidad con mayor cantidad de clientes del país, con un aproximado de 2,94 millones de usuarios sobre una población de 6,4 millones de habitantes.
El detonante fue la comunicación del ente emisor, cuyo directorio acordó «iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50 %) del mínimo requerido, como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización». La magnitud del descalce encendió todas las alarmas en un sistema financiero que hasta hace pocos meses exhibía el banco como su caso de crecimiento más vertiginoso.
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La determinación provocó la suspensión de la aplicación de la entidad, de las tarjetas y de los servicios afiliados, lo que desató miedo e incertidumbre entre los clientes. Cientos de afectados se agolparon a las afueras de las sucursales para intentar retirar sus ahorros y obtener una explicación. Se trata de una entidad de corte popular, orientada a pequeños ahorristas: trabajadores, jubilados, pequeños comerciantes y beneficiarios de prestaciones estatales. No era el banco más importante del país, pero sí el que tenía más clientes afiliados.
En paralelo, al menos ocho miembros de la junta directiva de Ueno Bank fueron detenidos por «presuntos hechos punibles» como «lesión de confianza, estafa y conducta indebida en situaciones de crisis», vinculados a la administración de la entidad. Los apresados, tras una denuncia del Banco Central del Paraguay, son Mariana Torres Rubiani, Julio Rey Fernández, Miguel Vázquez Villasanti, Diego Duarte Schussmuller, Alejandro Gómez Abente, Juan Manuel Gústale, Diana Mongelós González y Miguel Ángel Almada Frutos.