La provincia se prepara para un nuevo golpe al bolsillo y a la movilidad cotidiana de sus habitantes. Una decisión emanada directamente de la Casa Rosada, en el marco del plan de desguace estatal y privatizaciones impulsado por el Gobierno nacional a través de la Red Federal de Concesiones, confirma la entrega de la Ruta Nacional 12 a un consorcio privado por un plazo de 20 años. La medida más sentida para la región implica la instalación de una nueva casilla de peaje en Puerto Rico, lo que vecinos locales han calificado como "una barrera en la puerta de casa para cobrar por salir de nuestra propia ciudad".
El impacto de este nuevo "impuesto a la circulación" trasciende los límites de Puerto Rico. La nueva estación de peaje se perfila como un muro económico para las localidades aledañas como Capioví y Garuhapé. Una gran cantidad de trabajadores y una porción significativa de la producción regional se desplazan a diario hacia y desde Puerto Rico, lo que significa que miles de familias que dependen de este flujo constante verán sus ingresos mermados por una determinación tomada a miles de kilómetros de distancia.
Detrás de este proyecto se encuentra la Secretaría de Transporte y Vialidad Nacional, que bajo la normativa de la Ley de Bases y los decretos de ajuste central, ha delegado 456 kilómetros de la traza, desde Ituzaingó hasta Puerto Iguazú, a manos de la UTE conformada por Carlos Enríquez S.A. y Hormi S.A. El esquema impulsado por la Nación no se limita a mantener operativas las casillas existentes en Santa Ana, Colonia Victoria e Ituzaingó, sino que autoriza la construcción de dos nuevas estaciones de pago: la ya mencionada en Puerto Rico y otra en Fachinal.
El aspecto más preocupante es el tarifazo que se avecina. Los pliegos redactados por la gestión central contemplan una tarifa base de $2.950 más IVA. Sin embargo, considerando las cláusulas de ajuste y las incitaciones para abandonar el uso de efectivo, el costo por cada pase podría alcanzar un techo de entre $4.000 y $4.800. Esto significa que un viaje de ida y vuelta diario para ir a trabajar a una localidad vecina podría costar alrededor de 10 mil pesos, un golpe demoledor a la economía local.
Este nuevo escenario fragmentará el tránsito cotidiano, obligando a los vecinos que circulan diariamente entre Puerto Rico, Garuhapé, Capioví o Ruiz de Montoya a desembolsar dinero para actividades básicas como ir a trabajar, estudiar o comerciar. Además, se prevé un aumento generalizado de precios. Los colonos que transportan yerba, las empresas madereras y los camiones que proveen de mercadería a los supermercados se verán forzados a absorber este nuevo costo logístico, un incremento que inexorablemente se reflejará en las góndolas locales.
La indignación se intensifica al considerar que esta nueva carga económica se implementará sin garantías de obras inmediatas. La expectativa es que "pretenden empezar a cobrar fortunas sin exigirles primero un tercer carril, banquinas seguras o accesos acordes. Primero te sacan la plata del bolsillo, después ven si arreglan el bache", expresaron algunos de los afectados.
