La transparencia en el manejo de los recursos públicos dejó de ser una promesa de discurso para transformarse en norma escrita. La Cámara de Representantes de Misiones sancionó por unanimidad la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, una reforma que amplía las facultades de fiscalización del organismo sobre 16 empresas y sociedades con participación estatal provincial y municipal. La aprobación se concretó durante la sesión del jueves 29 de octubre, con el respaldo de todos los bloques legislativos, incluidos los de la oposición.
El proyecto fue enviado por el gobernador Hugo Passalacqua y, por su alcance y por el consenso que despertó, ya se la conoce en los pasillos legislativos como la “Ley Passalacqua de Transparencia”. Tras la sanción, el mandatario provincial se pronunció en sus redes sociales: agradeció y felicitó a la Cámara de Representantes “por sancionar como ley el proyecto que envié para otorgar al Tribunal de Cuentas, de manera explícita y taxativa, el control y la fiscalización sobre las empresas y sociedades del Estado provinciales y municipales”.
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“Esto representa un paso fundamental hacia una mayor transparencia y apertura en el manejo del dinero del pueblo misionero, cuya auditoría ahora estará en manos de un órgano de control externo, autónomo e independiente”, sostuvo Passalacqua. Y completó: “Seguiremos trabajando en acciones concretas para brindar respuestas a nuestra gente: para quienes asumimos la responsabilidad de gobernar, rendir cuentas a diario es una convicción irrenunciable”.
La reforma extiende las competencias del Tribunal de Cuentas a empresas y sociedades que, por su naturaleza jurídica, no estaban contempladas de manera específica en el régimen de fiscalización establecido cuando se creó el organismo provincial. Se trata de entidades que administran recursos públicos, prestan servicios esenciales o desarrollan actividades económicas y productivas vinculadas con el Estado.
Hasta ahora, la legislación no establecía expresamente las mismas facultades de auditoría sobre estas sociedades que las previstas para otros organismos de la administración pública. Con la nueva normativa, el Tribunal podrá examinar sus operaciones, revisar la documentación respaldatoria de los gastos, fiscalizar la administración de recursos y realizar auditorías sobre el funcionamiento de cada entidad.
El nuevo esquema de fiscalización comprende 16 entidades con distintas figuras jurídicas y participación estatal:
- Aguas Misioneras, Sociedad del Estado.
- Biofábrica Misiones, Sociedad Anónima.
- Energía de Misiones, Sociedad Anónima.
- Ex Banco Provincia de Misiones, Sociedad de Economía Mixta en liquidación.
- Fiduciaria Misiones, Sociedad Anónima Unipersonal.
- Fondo de Créditos Misiones, Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria.
- Instituto Provincial del Seguro, Sociedad Anónima en liquidación.
- IPLyC Confort, Créditos y Servicios, Sociedad del Estado.
- IPLyC, Sociedad del Estado.
- Marandú Comunicaciones, Sociedad del Estado.
- Mercado Central, Sociedad de Economía Mixta.
- MisioPharma, Sociedad del Estado.
- Multimedios, Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria.
- Parque Industrial, Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria.
- Silicon Misiones, Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria.
- Sociedad del Conocimiento, Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria.
Las firmas alcanzadas intervienen en sectores como energía eléctrica, agua, telecomunicaciones, tecnología, industria, producción, financiamiento, actividad portuaria, servicios y entretenimiento. Algunas prestan servicios directamente a la población y otras desarrollan actividades comerciales o productivas con participación estatal.
Otro de los cambios centrales establece que el Tribunal de Cuentas deberá remitir anualmente a la Cámara de Representantes los resultados de las auditorías realizadas. La medida permitirá que la Legislatura acceda a la información sobre las fiscalizaciones y ejerza sus atribuciones de control institucional, sin que ello modifique la estructura societaria ni las funciones de las empresas alcanzadas.
La actualización responde a los cambios que experimentó la estructura empresarial del Estado misionero en las últimas décadas: la creación de sociedades anónimas, sociedades del Estado y empresas con participación pública incorporó formas de administración de recursos que no estaban previstas en el régimen original. Con esta modificación, las competencias del organismo se adecuarán a esa estructura, independientemente de la figura jurídica de cada entidad.
El respaldo opositor, en un escenario legislativo provincial caracterizado por una reconfiguración de los espacios políticos, quedó reflejado en el tratamiento parlamentario, donde se incorporaron aportes de distintos bloques que coincidieron en la necesidad de ampliar los mecanismos de control sobre las sociedades con participación estatal. La entrada en vigencia de la ley está prevista para el 1 de enero de 2027, fecha a partir de la cual comenzará a regir el nuevo marco legal de fiscalización.