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La "Ley Malvinas" llegó al recinto: penas de hasta 20 años de prisión para la explotación ilegal de recursos naturales

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que castiga con cárcel a quienes provean bienes o servicios a empresas que explotan recursos de Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y que crea un Consejo de Seguridad encabezado por el presidente, se trató el miércoles 18 de noviembre en la Cámara de Diputados.

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Por Juan Pablo Mercado
20 Nov, 2026 a las 17:40 hs Política
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La Cámara de Diputados puso en discusión el miércoles 18 de noviembre el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que el oficialismo impulsa con el nombre de "Ley Malvinas" y que endurece de manera sustancial las sanciones penales contra quienes exploten de forma ilegal los recursos naturales del territorio insular ocupado por el Reino Unido o que pongan en riesgo la defensa nacional mediante la colaboración con otros países.

Según pudo reconstruir este diario a partir del texto de la iniciativa y de fuentes parlamentarias, el articulado apunta a cerrar el cerco sobre las empresas extranjeras que operan en el Atlántico Sur y sobre los actores locales que les prestan servicios logísticos, técnicos o comerciales. El debate se inscribió en el renovado reclamo por la soberanía que el presidente Javier Milei relanzó después de que, durante el último Mundial de Fútbol, jugadores de la selección argentina mostraran una manta con la leyenda "Las Malvinas son argentinas". Aquel gesto en la cancha desató un fervor nacionalista inesperado y abrió nuevas tensiones con Londres, que tuvieron un capítulo reciente en el rechazo oficial a la visita de la princesa Ana a las islas.

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El corazón del proyecto es la escala penal. La propuesta prevé entre cinco y siete años de cárcel para quienes provean bienes o servicios a las empresas extranjeras que explotan de manera ilegal los recursos naturales de Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y de los espacios marítimos e insulares que la Argentina reclama. Los tramos más duros del texto son los siguientes:

  • De 12 a 15 años de prisión para quienes, sin habilitación de la autoridad competente, encarguen o realicen cualquier actividad de prospección o exploración de hidrocarburos.
  • De 12 a 20 años para quienes encarguen o ejecuten actividades de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, incluidos su transporte o almacenamiento.
  • De 15 a 20 años para quienes pongan secretos de Estado a disposición de un Gobierno extranjero o de personas a su servicio.
  • De 3 a 10 años para quien, con conocimiento de su naturaleza y finalidad, proporcione recursos, documentación, identidades, instalaciones o medios técnicos a una operación clandestina de inteligencia de un Estado extranjero en territorio nacional.
  • De 5 a 12 años para quienes actúen por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero para alterar procesos electorales o manipular la opinión pública con campañas coordinadas de desinformación masiva, o para promover actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes.

Uno de los capítulos más controvertidos es el referido a las tareas ilegales de inteligencia, elaborado con la guerra por la soberanía de 1982 como marco de referencia. El proyecto plantea la creación de un Consejo de Seguridad encabezado por el presidente, amplía el concepto de "defensa nacional" y tipifica nuevos delitos vinculados a la intervención extranjera. En ese sentido, fija de ocho a 20 años de pena cuando la conducta se cometa durante un conflicto armado, una agresión extranjera o en beneficio directo de un Estado enemigo, y alcanza con la misma sanción al destinatario que obtuviere esa información, tecnología o conocimiento.

Fuentes parlamentarias indicaron que la discusión en el recinto giraría menos en torno a la cuestión Malvinas, donde existe un consenso amplio, que sobre el alcance del nuevo andamiaje de inteligencia y la amplitud con la que se define la defensa nacional. El oficialismo confiaba en reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa y enviarla al Senado.

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