El Gobierno argentino rechazó las actividades oficiales que la princesa Ana, integrante de la familia real británica, cumple en las islas Malvinas y Georgias del Sur, y consideró que esa agenda representa una "provocación". La posición quedó expresada en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que la cartera que conduce la diplomacia argentina sostuvo que la visita se desarrolla en el marco de la "ocupación ilegal británica" de los archipiélagos cuya soberanía reclama la Argentina.
Desde la Cancillería indicaron que la presencia oficial de la princesa en los territorios del Atlántico Sur no constituye un gesto aislado, sino que se inscribe en una política sostenida por el Reino Unido sobre espacios que son objeto de una disputa de soberanía reconocida en el ámbito internacional. La calificación de "provocación" fue el eje central del pronunciamiento oficial, que se difundió a lo largo de la jornada y que rápidamente tomó estado público entre los sectores políticos y diplomáticos que siguen la cuestión Malvinas.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores también acusó al Reino Unido de avanzar en la "explotación ilegal unilateral de hidrocarburos" mediante el otorgamiento de licencias que la Argentina considera ilegítimas. En ese punto, la cartera señaló que el país inició un arbitraje internacional por esta cuestión, una herramienta que busca dejar constancia formal de la posición argentina frente a lo que se describe como una actividad desarrollada sin acuerdo entre las partes involucradas en la disputa.
Sobre el cierre del diferendo, la Cancillería instó a Londres a reanudar las negociaciones de soberanía conforme a las resoluciones de Naciones Unidas y exigió poner fin a la "anacrónica situación colonial" en esos territorios. Según explicaron desde la cartera, la vía del diálogo bilateral sigue siendo la salida que la Argentina considera válida para resolver el conflicto, en línea con los pronunciamientos de los organismos multilaterales que reclaman una solución pacífica y negociada.