La información es, al mismo tiempo, un derecho y una herramienta. Sin ella, las personas difícilmente puedan conocer sus derechos, incidir en las decisiones que se toman en su comunidad o comprender lo que ocurre a su alrededor. Sobre esa certeza se sostiene el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, que se conmemora cada 28 de septiembre.
La fecha fue establecida por la UNESCO en 2015 y, años después, la ONU la reconoció internacionalmente. La decisión no fue casual: el acceso a la información dejó de ser una preocupación exclusiva del periodismo para convertirse en una condición transversal de la vida democrática, presente en asuntos tan distintos como la salud pública, la educación, la transparencia del gasto estatal o la gestión de emergencias.
La conmemoración insiste en una idea que suele pasarse por alto: tener acceso no alcanza. La información debe ser clara, confiable y estar al alcance de todos. De poco sirve un dato publicado en un lenguaje incomprensible, escondido detrás de trámites imposibles o difundido por canales a los que buena parte de la población no llega. En ese punto, la calidad importa tanto como la existencia misma del dato.
El desafío es doble. Por un lado, exige que los Estados, las empresas y las organizaciones publiquen información completa, abierta y actualizada, con criterios comprensibles para cualquier persona y no solo para especialistas. Por otro, obliga a garantizar las condiciones materiales para ejercer ese derecho: conectividad, dispositivos, alfabetización digital y medios de comunicación capaces de investigar, contrastar fuentes y sostener esas verificaciones con independencia.
La brecha tecnológica es hoy, en los hechos, una brecha de derechos. Quien no tiene conexión estable o no maneja las herramientas digitales básicas queda fuera de circuitos donde se informa sobre turnos médicos, becas, alertas climáticas, licitaciones o programas sociales. Esa exclusión no es un detalle técnico: condiciona la posibilidad concreta de participar en las decisiones que afectan la vida cotidiana.
A ese panorama se suma otro fenómeno que la propia UNESCO viene señalando en sus debates: la desinformación circula con velocidad y muchas veces con apariencia de dato verificado. Por eso, el acceso universal no se agota en la disponibilidad de contenidos, sino que involucra también la capacidad de distinguir una fuente confiable de un rumor, de chequear una imagen antes de compartirla y de exigir explicaciones a quienes tienen responsabilidad pública.
En ese terreno, el periodismo cumple una función difícil de reemplazar. No se trata solo de publicar novedades, sino de ordenar, jerarquizar y contextualizar lo que circula; de preguntar lo que no se dice; de volver sobre los temas cuando ya no están en la agenda. La transparencia activa de los organismos públicos y las normas de acceso a la información son el otro pilar: permiten que cualquier persona pida un dato y reciba una respuesta, sin necesidad de justificar para qué lo quiere.
La jornada, entonces, funciona más como una advertencia que como un festejo. Recuerda que el derecho a buscar, recibir y difundir información es la base sobre la que se apoyan los demás derechos, y que sostenerlo requiere esfuerzo cotidiano: instituciones que respondan, medios que verifiquen y ciudadanos que pregunten. Porque una sociedad informada no es la que recibe más mensajes, sino la que puede entenderlos y decidir con ellos.
