El diputado provincial Cristian Castro presentó un proyecto de ley para crear el Programa Provincial de Restaurantes Populares de Misiones, una iniciativa que busca garantizar el acceso a comidas elaboradas, saludables y nutritivas a precios accesibles para la población. La propuesta contempla la creación progresiva de establecimientos en distintos municipios de la provincia, donde trabajadores, estudiantes, jubilados y familias puedan acceder a desayunos, almuerzos y cenas, con menús supervisados por profesionales en nutrición.
El servicio tendrá carácter universal, aunque se establecerán mecanismos de prioridad para las personas y familias que atraviesen situaciones de vulnerabilidad social y alimentaria. De esta manera, según el planteo, se busca complementar las políticas alimentarias existentes en la provincia, incorporando una modalidad concreta de acceso a comidas elaboradas, diferenciada de los comedores comunitarios tradicionales.
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Uno de los aspectos centrales del proyecto es que los restaurantes populares no solamente funcionen como una herramienta para facilitar el acceso a la alimentación, sino también como un motor para la economía provincial. En ese sentido, la iniciativa establece la prioridad de abastecimiento con productos provenientes de la agricultura familiar, cooperativas, asociaciones y pequeños productores misioneros, promoviendo circuitos de comercialización directa y generando una demanda sostenida para la producción local.
- Creación progresiva de restaurantes populares en distintos municipios de la provincia.
- Menús supervisados por profesionales en nutrición, con desayunos, almuerzos y cenas.
- Prioridad para personas y familias en situación de vulnerabilidad social y alimentaria.
- Abastecimiento con productos de la agricultura familiar, cooperativas, asociaciones y pequeños productores misioneros.
- Convenios con municipios y uso de infraestructura pública disponible.
- Publicación periódica de información sobre comidas servidas, costos, subsidios y proveedores.
El proyecto también contempla la posibilidad de celebrar convenios con los municipios, utilizar infraestructura pública disponible y establecer mecanismos de transparencia y control, mediante la publicación periódica de información sobre comidas servidas, costos, subsidios y proveedores. Esos instrumentos buscan que el funcionamiento del programa pueda ser monitoreado y evaluado, con una implementación progresiva en todo el territorio provincial.