La Dirección de Políticas Estudiantiles, dependiente de la Subsecretaría de Educación, desplegó un robusto operativo para abordar más de 300 situaciones de crisis relacionadas con la salud mental en instituciones educativas de la provincia durante el primer semestre de 2026. La iniciativa, que abarcó 152 establecimientos en más de 30 localidades, subraya el rol fundamental de la escuela como primer receptor de señales de alerta y como nexo para activar redes de apoyo y proteger las trayectorias educativas de los jóvenes.
Los datos recabados entre enero y junio de este año reflejan una demanda constante por parte de las comunidades educativas y, a la vez, la maduración de un circuito institucional diseñado para una intervención ágil ante problemáticas que afectan el bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes. Este abordaje se alinea con la Resolución N.º 292/24, que pauta criterios de intervención para un manejo integral de los riesgos suicidas en el ámbito escolar, posicionando a la institución educativa como un espacio vital para la escucha, la detección precoo y la salvaguarda de derechos.
"La escuela muchas veces es el primer lugar donde un adulto advierte que algo está pasando. Por eso es tan importante que los equipos directivos y docentes sepan qué mirar, cómo actuar y a quién acudir. Una intervención a tiempo puede cambiar el curso de una situación crítica", afirmó Emilia Lunge, Directora de Políticas Estudiantiles. La funcionaria destacó que el 57% de las intervenciones se dirigieron a estudiantes del nivel secundario, lo que evidencia la urgencia de intensificar las acciones preventivas en esta franja etaria, sin descuidar la detección temprana en todos los niveles.
Las situaciones abordadas exceden el riesgo suicida, abarcando problemáticas familiares, conflictos vinculares, manifestaciones de ansiedad y angustia, situaciones de violencia, autolesiones, conflictos escolares, consumo problemático de sustancias y procesos de duelo. "Cuando hablamos de prevención del suicidio no hablamos solamente del momento de la crisis. Hablamos de construir escuelas que puedan escuchar, alojar, acompañar y pedir ayuda. La prevención empieza mucho antes: en los vínculos, en la convivencia, en la posibilidad de que un estudiante encuentre un adulto disponible", sostuvo Lunge.
Complementando la atención en crisis, la Dirección impulsó 63 acciones de prevención y promoción del bienestar, mediante talleres, capacitaciones y espacios de sensibilización dirigidos a estudiantes, docentes, directivos, equipos de orientación y familias. Las temáticas incluyeron promoción del cuidado de la vida, convivencia escolar, vínculos saludables, educación emocional y prevención de diversas formas de violencia y riesgos en línea.
Fortalecer las escuelas como comunidades protectoras fue un eje central, trabajando con los equipos en la implementación de protocolos, la detección temprana de señales y la articulación con organismos de salud y protección de derechos. Asimismo, se brindó acompañamiento en 21 situaciones de duelo y eventos críticos, acciones de posvención destinadas a contener a las comunidades educativas tras una pérdida y prevenir riesgos futuros.
Este esfuerzo coordinado fue posible gracias a la articulación con el CAIS, el Consejo General de Educación, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto de Previsión Social, el 911, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, y los propios equipos directivos y de orientación escolar. "La salud mental de los estudiantes no puede ser pensada desde una sola institución. Necesitamos redes. Necesitamos que Educación, Salud, las familias y los organismos de protección trabajen de manera corresponsable. Cuidar la vida es una tarea colectiva", enfatizó Lunge.
El desafío para el segundo semestre se centra en profundizar la prevención, ampliar el alcance territorial, fortalecer la capacitación docente y consolidar los circuitos de intervención, garantizando respuestas oportunas y respetuosas de los derechos de los jóvenes. El modelo de intervención implementado busca asegurar que el cuidado de la salud mental se traduzca en el derecho a aprender, a ser acompañado y a ser escuchado a tiempo.
