El Gobierno nacional confirmó que desde noviembre comenzará a regir un régimen diferencial para el consumo de energía eléctrica en las zonas cálidas y muy cálidas del país, que comprenden la totalidad de las provincias del NEA y del NOA. La decisión representa una respuesta concreta al reclamo que el gobernador Hugo Passalacqua y sus pares del Norte Grande vienen sosteniendo desde hace años para corregir una de las asimetrías energéticas más profundas que la región mantiene respecto del resto de la Argentina.
La confirmación estuvo a cargo del jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, quien anticipó que la resolución correspondiente será publicada durante octubre y que el nuevo esquema “entra en vigencia el 1 de noviembre”. Se trata, según coinciden las provincias involucradas, de un avance frente a una deuda histórica con el norte argentino, cuyos hogares afrontaron durante décadas mayores necesidades de consumo eléctrico por las altas temperaturas sin un tratamiento tarifario acorde a esa realidad.
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La implementación del régimen diferencial apunta a comenzar a corregir una desigualdad que las provincias del Norte Grande vienen señalando desde hace años: mientras otras regiones del país cuentan con beneficios vinculados a sus condiciones climáticas y con mayor acceso a fuentes alternativas como el gas natural, los hogares del norte enfrentan temperaturas extremas que obligan a sostener un consumo eléctrico elevado durante períodos mucho más prolongados.
Frente a esa realidad, Passalacqua y los demás gobernadores de la región vienen planteando la necesidad de avanzar hacia un esquema energético más federal, que contemple las diferencias climáticas y estructurales existentes dentro del territorio argentino. La discusión, vale recordarlo, no es nueva: en junio de 2025 los mandatarios del Norte Grande y del Litoral ya habían avanzado conjuntamente en una propuesta para establecer una tarifa eléctrica diferencial para las regiones cálidas y muy cálidas, planteada como una herramienta para compensar las asimetrías en el costo de la energía y garantizar condiciones más equitativas para los usuarios residenciales.