La Comisión de Legislación General recibió al fiscal del Tribunal Penal N° 2 de Posadas, Vladimir Glinka, quien expuso sobre el proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público, la iniciativa presentada por los ministros del Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General de la Provincia que busca establecer las herramientas institucionales necesarias para implementar el nuevo sistema procesal penal. A lo largo de su intervención, el funcionario judicial puso el foco en las condiciones normativas que requiere la transformación del sistema y en el impacto concreto que el nuevo esquema tendría sobre la vida cotidiana de las personas.
Glinka explicó que la transformación del sistema procesal penal requiere una estructura normativa que permita llevarla a la práctica, más allá de la aprobación de un nuevo código. En ese sentido, señaló que el proyecto busca fijar reglas claras para delimitar las funciones, las atribuciones y las responsabilidades de los fiscales, así como los mecanismos destinados a controlar su actuación. Se trata, según su exposición, de ordenar el funcionamiento interno del Ministerio Público para que el cambio de sistema no quede limitado a un texto legal.
Uno de los cambios más significativos que traería el nuevo esquema, consideró el fiscal, sería un mayor acercamiento de la Justicia a las personas. Explicó que el funcionario que recibe una causa sería el mismo que la lleva adelante hasta su resolución, lo que permitiría un conocimiento más profundo de cada caso y evitaría la fragmentación del proceso entre distintos funcionarios. Esa continuidad en la investigación, sostuvo, fortalece el vínculo entre quien investiga y el conflicto que debe resolver.
Asimismo, destacó la posibilidad de reducir considerablemente los tiempos judiciales mediante procedimientos organizados por audiencias ante un juez, quien resolvería en el momento. Aclaró, de todos modos, que el resultado dependerá de las particularidades de cada caso, aunque sostuvo que este esquema permitiría acortar los plazos respecto del sistema actual.
Glinka vinculó la necesidad de la reforma con la demanda social de una Justicia más ágil y con mejores herramientas para dar respuesta a los delitos. En ese marco, afirmó que la transformación debe contar con un marco legal que permita desarrollar los cambios sin apartarse de las normas que rigen la administración de justicia. La exigencia de celeridad, planteó, no puede resolverse con improvisación ni con decisiones aisladas, sino con reglas que ordenen el trabajo del Ministerio Público.
Por último, destacó el proceso de transformación que impulsa Misiones y señaló la importancia de considerar las particularidades de cada provincia al comparar los tiempos de implementación de las reformas procesales. Las condiciones institucionales, la estructura de los organismos y las características de cada distrito inciden de manera directa en la velocidad con que los cambios pueden ponerse en funcionamiento.
El proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público continúa en análisis en el ámbito de la Comisión de Legislación General, que avanza en la discusión de una pieza clave para el nuevo sistema procesal penal.
