La compleja situación que involucra a ex efectivos de la Policía de Misiones que actualmente reclaman públicamente su reincorporación ha recibido una contundente respuesta por parte del gobierno provincial. Según fuentes oficiales, las decisiones administrativas que determinaron las desvinculaciones fueron adoptadas tras un minucioso análisis y ya fueron notificadas a los involucrados a través de los canales institucionales, administrativos y judiciales pertinentes, todo ello en el estricto marco legal vigente y conforme al régimen específico que regula el funcionamiento de la fuerza de seguridad.
Desde el Ejecutivo se enfatiza que estas determinaciones no surgen de hechos aislados o de poca relevancia, ni responden a coyunturas pasajeras. Por el contrario, son el resultado de una evaluación integral de acciones llevadas a cabo por un grupo de individuos que, integrando la Policía provincial, habrían puesto en riesgo la estabilidad institucional, el normal desarrollo del sistema de seguridad y la confianza que la ciudadanía deposita en la institución. Se subraya que estas conductas resultaron incompatibles con los requisitos de aptitud funcional y el cumplimiento de los estándares legales, administrativos e institucionales que son innegociables para quienes visten el uniforme policial.
En este sentido, el Poder Ejecutivo Provincial, en ejercicio pleno de sus facultades constitucionales y administrativas, procedió a tomar las decisiones correspondientes respecto de estas desvinculaciones, las cuales fueron debidamente formalizadas y notificadas a cada una de las personas afectadas. Paralelamente, se recuerda que las instancias administrativas y judiciales previstas por el ordenamiento legal se encontraban plenamente habilitadas para que los interesados presentaran los planteos que consideraran oportunos, contando con las herramientas legales necesarias para garantizar su derecho a la defensa.
Se recalca la naturaleza de la Policía de Misiones como fuerza sujeta a un régimen institucional específico dentro de la estructura estatal, con exigencias particulares vinculadas al ejercicio de la función pública de seguridad. En el caso de los peticionantes, se sostiene que dichas exigencias fueron deliberadamente inobservadas e infringidas.
A pesar de las actuales manifestaciones públicas, el gobierno provincial asegura que las presentaciones y peticiones formuladas por este grupo ya fueron oportunamente atendidas y respondidas por escrito, de manera clara, fundada y dentro de los plazos administrativos estipulados, a través de los canales institucionales correspondientes. Por lo tanto, las demandas que hoy se reiteran carecerían de novedad y de sustento jurídico, dado que los planteos ya han recibido tratamiento y contestación dentro del marco legal e institucional vigente.
Se aclara enfáticamente que el ingreso, la permanencia o una eventual reincorporación a la fuerza policial no se obtienen mediante manifestaciones públicas o mecanismos de presión. La única vía válida es el cumplimiento estricto de los procedimientos establecidos por el Estado y las decisiones adoptadas por las autoridades competentes, siempre en resguardo del interés institucional, el orden público y la confianza ciudadana que demanda la función policial. Finalmente, se recuerda que, ante la subsistencia de controversias, el Estado de Derecho ofrece vías legales específicas para la revisión de estas decisiones, y que una manifestación pública no sustituye ni modifica resoluciones institucionales ya adoptadas conforme a la ley.
