Un ambicioso proyecto de ley, gestado desde el espacio de Encuentro Misionero, fue presentado por el diputado nacional Oscar Herrera Ahuad. La iniciativa propone declarar la emergencia salarial de la educación obligatoria a nivel nacional por un período de cinco años, con el triple objetivo de recomponer los ingresos de los docentes, asegurar el normal desarrollo del ciclo lectivo y fortalecer la infraestructura de las instituciones educativas, todo ello sin desequilibrar las cuentas fiscales.
La propuesta de Herrera Ahuad se articula en torno a la utilización de la totalidad de los recursos que sean transferidos al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre enero de 2026 y diciembre de 2030. Estos fondos se destinarían a conformar un suplemento salarial específico para el personal docente, directivo y no docente que se desempeña en los niveles inicial, primario y secundario de gestión estatal. Adicionalmente, el proyecto contempla la asignación, por única vez, de los remanentes no distribuidos de dicho fondo, acumulados hasta diciembre del año pasado, para la ejecución de obras edilicias y el impulso de la educación técnico-profesional.
Los fundamentos que sustentan la declaración de emergencia se apoyan en datos concretos y preocupantes. Se señala una marcada caída del 19% en el poder adquisitivo del salario docente promedio a nivel nacional entre septiembre de 2023 y la misma fecha de 2025. Paralelamente, se observa una reducción significativa en el gasto educativo consolidado entre Nación y provincias, que habría disminuido 1,5 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) durante 2024 y acumulado una baja de 1,9 puntos hasta 2025 en comparación con los niveles de 2023. A esta realidad se suma la persistencia de conflictos gremiales docentes, que han impedido el normal inicio de clases en, al menos, un tercio de las jurisdicciones del país.
En este contexto, Herrera Ahuad enfatiza en los fundamentos de su proyecto que “recomponer el salario docente no es un gasto, sino una inversión en el capital humano del país”. El legislador misionero advierte sobre las consecuencias de un sistema educativo mermado por docentes empobrecidos, escuelas en estado de deterioro y una conflictividad crónica, situaciones que impiden el cumplimiento cabal de su función social y transformadora.
El esquema de distribución de los fondos propuesto es detallado. Establece que el 70% de los recursos que se distribuyan a cada provincia se destinarán a un concepto denominado “Complemento federal”. Esta suma, de carácter no remunerativo y no bonificable, se liquidará por cargo docente y estará intrínsecamente vinculada a la presencia efectiva del trabajador en la institución y su participación activa en acciones de formación continua, incentivando así tanto la asistencia como la capacitación permanente.
