Cada 27 de septiembre, en Argentina, se conmemora el Día Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, una fecha que busca promover, difundir y reafirmar los derechos fundamentales de las infancias y adolescencias. Lejos de tratarse de una efeméride meramente formal, la jornada funciona como una oportunidad para revisar cuánto se ha avanzado y cuánto resta hacer para que esos derechos dejen de ser enunciados y se conviertan en experiencias concretas en la vida cotidiana de cada chica y cada chico.
La elección de la fecha no es azarosa: recuerda que el 27 de septiembre de 1990 fue sancionada la Ley N.º 23.849, mediante la cual nuestro país aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Ese instrumento internacional, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, marcó un cambio de paradigma: las niñas, niños y adolescentes dejaron de ser considerados objetos de tutela para ser reconocidos como sujetos plenos de derecho, con voz propia y con capacidad de participar en las decisiones que los afectan.
La Convención reconoce que todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho, entre otras cosas, a la educación, la salud, una identidad, una familia, la protección, la igualdad, el juego y a ser escuchados y respetados. Se trata de un conjunto de garantías que no operan de manera aislada, sino entrelazadas: difícilmente pueda ejercerse el derecho a la educación si no se garantizan condiciones de salud, alimentación adecuada o un entorno libre de violencias. Del mismo modo, el derecho a ser escuchados interpela a las familias, a las escuelas y a las instituciones a generar espacios reales de participación, donde la palabra de las infancias y adolescencias tenga peso y no sea solo una concesión simbólica.
En ese sentido, distintos actores sociales insisten en que garantizar estos derechos es una responsabilidad compartida entre las familias, la sociedad y el Estado. A las familias les cabe el acompañamiento cotidiano, el afecto y la transmisión de pautas de cuidado; a la sociedad, la construcción de una cultura que rechace toda forma de maltrato, discriminación o exclusión; y al Estado, el diseño de políticas públicas, la asignación de recursos y la existencia de mecanismos efectivos de protección y restitución de derechos cuando estos son vulnerados.
Especialistas en niñez suelen señalar que conocer los derechos es el primer paso para poder exigirlos y, sobre todo, para poder protegerlos. Por eso las campañas de difusión, los talleres en escuelas, las actividades recreativas y las jornadas de reflexión cobran relevancia: acercan información a las propias chicas y chicos, pero también a los adultos que los rodean, que muchas veces desconocen los canales disponibles ante una situación de vulneración.
La conmemoración también invita a mirar las brechas persistentes. El acceso desigual a la educación, las dificultades para garantizar la continuidad de los controles de salud, la violencia en distintos ámbitos y las condiciones materiales de vida que condicionan el desarrollo pleno son algunos de los desafíos que siguen presentes y que requieren respuestas sostenidas en el tiempo, no solo gestos en una fecha determinada.
Porque cada niña, niño y adolescente merece crecer en un entorno donde pueda sentirse protegido, respetado y acompañado, desarrollando plenamente sus capacidades y sus sueños. La efeméride, entonces, no cierra un tema: abre una pregunta que interpela a toda la comunidad sobre qué se hace, todos los días, para que esos derechos sean algo más que una promesa escrita.
