Cada 15 de octubre, la comunidad internacional detiene la mirada en un trabajo que rara vez aparece en los titulares: el de las mujeres rurales. Son las que se levantan antes del amanecer para ordeñar, las que sostienen la huerta familiar, las que seleccionan y guardan las semillas, las que crían animales menores, las que administran el emprendimiento que permite comprar lo que la chacra no produce. Su aporte a la producción de alimentos y al desarrollo de los pueblos es cotidiano, sostenido y, con frecuencia, invisible.
La conmemoración no es un gesto decorativo. La Asamblea General de las Naciones Unidas designó esta fecha mediante la resolución 62/136, aprobada en diciembre de 2007, y la primera observancia se concretó al año siguiente. La decisión recogió, además, una demanda que venía de lejos: el Día Mundial de la Mujer Rural, impulsado desde mediados de la década de 1990 a partir del proceso abierto por la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, que había colocado en agenda la situación específica de quienes trabajan y viven en el medio rural.
Los números ayudan a dimensionar el fenómeno. Según estimaciones difundidas por organismos internacionales, las mujeres representan una porción significativa de la fuerza de trabajo agrícola en los países en desarrollo y son responsables de buena parte de la producción de alimentos destinada al consumo de sus propias comunidades. Esa centralidad convive, sin embargo, con una brecha persistente: cuando se mide el acceso a la tierra, al financiamiento, a la asistencia técnica o a la tecnología, la balanza se inclina sistemáticamente en contra de ellas.
La lista de obstáculos es larga y conocida. Titularidad de la tierra muchas veces a nombre del varón de la familia; dificultades para acceder al crédito bancario por falta de garantías formales; asistencia técnica diseñada sin considerar sus tiempos ni sus actividades; caminos, conectividad y transporte que condicionan la posibilidad de comercializar; distancia a los centros de salud y a las escuelas; y una carga de tareas de cuidado no remuneradas que recorta las horas disponibles para producir, formarse o participar en espacios de decisión.
En la Argentina, ese universo tiene rostro múltiple: chacras, tambos, producciones frutihortícolas, apicultura, artesanías, ferias de productores y cooperativas. Muchas de esas mujeres sostienen emprendimientos familiares que se convirtieron en la principal fuente de ingresos de sus hogares, y al mismo tiempo cumplen un papel clave en la transmisión de saberes: son ellas las que enseñan a las nuevas generaciones qué sembrar, cuándo hacerlo, cómo conservar los alimentos y cómo cuidar el ambiente del que dependen.
El marco normativo vinculado a la agricultura familiar reconoció en los últimos años a este sector como sujeto de políticas públicas, lo que abrió la puerta a registros, programas de financiamiento y espacios de comercialización. El desafío pendiente es que ese reconocimiento llegue efectivamente a las mujeres, con instrumentos que contemplen la titularidad compartida, líneas de crédito accesibles y capacitación pensada desde sus necesidades concretas.
Las organizaciones de la sociedad civil insisten, además, en un punto que excede lo productivo: la violencia de género en el ámbito rural, donde el aislamiento geográfico y la falta de servicios cercanos dificultan pedir ayuda. Visibilizar esa dimensión es parte del mismo reclamo por igualdad de condiciones.
La fecha invita, entonces, a algo más que a un saludo. Se trata de reconocer un esfuerzo que sostiene la vida en el campo y, sobre todo, de garantizar el derecho de esas mujeres a decidir el futuro de sus comunidades, con los mismos recursos y las mismas oportunidades que cualquier otro productor.
