La Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Santo Pipó Limitada convocó a sus asociados a una Asamblea General Extraordinaria que se realizará el 15 de noviembre, a las 8, en la Casa de la Cultura de Santo Pipó. La convocatoria fue resuelta por el Consejo de Administración en su reunión del 7 de octubre y quedó registrada en el Acta N.º 517, en el marco de las disposiciones de la Ley Nacional 20.337 y del estatuto social vigente.
El temario es amplio y coloca a la cooperativa frente a una discusión de fondo sobre su funcionamiento institucional. Según la convocatoria, los asociados deberán pronunciarse sobre una reforma integral del estatuto social, la aprobación de un nuevo reglamento interno y el tratamiento de un régimen de retribuciones para quienes integran el Consejo de Administración y la sindicatura.
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Uno de los puntos que mayor interés despierta entre los asociados es la posibilidad de autorizar el pago de una retribución por las tareas efectivamente realizadas por quienes ocupan los cargos de presidente, secretario y tesorero del Consejo de Administración, además del síndico titular. De acuerdo con el material difundido, los presentes deberán analizar las funciones comprendidas, los montos, los criterios de cálculo, la periodicidad y las condiciones para percibir esos pagos. Se trata de una definición sensible, porque toca directamente el modo en que la cooperativa reconoce el trabajo de sus dirigentes y, al mismo tiempo, el cuidado de los recursos que administra.
El proyecto de reforma del estatuto social, identificado como versión octubre de 2026, está integrado por 81 artículos. La propuesta contempla modificaciones sobre el objeto social, el capital, la admisión de asociados, el funcionamiento de las asambleas y de los órganos de conducción, los mandatos y el régimen disciplinario. En paralelo, el temario incluye un proyecto de reglamento interno compuesto por 146 artículos distribuidos en 15 títulos, además de la designación de las personas autorizadas para gestionar la aprobación e inscripción de las reformas ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y los organismos competentes.