La comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, asentada en el paraje Cañafístola, se encuentra bajo una nueva amenaza judicial que pone en riesgo su permanencia en sus tierras ancestrales. El juez Roberto Antonio Sena, al frente del Juzgado de Instrucción N.º 2 de Jardín América, ha dictado una medida cautelar a pedido del empresario forestal Alfredo Ruff. Ruff reclama la restitución de las tierras argumentando una presunta usurpación, una solicitud que, si bien el propio fallo reconoce que no resuelve el conflicto de fondo, habilita la expulsión inmediata de las familias Mbya Guaraní antes de que se tome una decisión definitiva sobre la disputa.
Esta orden judicial se produce en un contexto de tensión latente, ya que un operativo previamente previsto para el pasado 17 de julio debió ser suspendido gracias a la intervención del Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (EMIPA), quienes presentaron un amparo. Sin embargo, la orden judicial original sigue vigente, manteniendo en vilo a la comunidad.
La situación no es nueva. Hace apenas dos meses, el territorio de la comunidad fue escenario de un allanamiento policial que culminó con la detención del mburuvicha (líder) y otras veinte personas, entre ellas niñas y niños. Este hecho, que generó una fuerte preocupación y repudio, subraya la fragilidad de la situación territorial de las comunidades indígenas en la región.
Es importante destacar que el territorio en cuestión ha sido objeto de un relevamiento por parte del Estado nacional, enmarcado en la Ley 26.160, que busca garantizar los derechos territoriales de los pueblos originarios. Asimismo, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció formalmente la ocupación tradicional de la comunidad mediante la Resolución N.º 514/2015. Este reconocimiento se ve respaldado por normativas de mayor jerarquía, como el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumentos que protegen y promueven los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y territorios.
La disputa territorial que afecta a la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II es un reflejo de conflictos que se arrastran desde hace décadas, marcados por el avance del monocultivo forestal sobre la vasta Selva Paranaense. Empresas como Arauco concentran cientos de miles de hectáreas destinadas a este tipo de producción, generando una presión constante sobre los territorios que las comunidades Mbya defienden como espacio vital para su subsistencia, para la preservación del monte nativo, el agua y la biodiversidad que caracteriza a esta ecorregión.
En este escenario, la discusión en el Congreso Nacional sobre un proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada genera aún más incertidumbre. De aprobarse, podría profundizar estos conflictos al priorizar la propiedad registral privada sobre los derechos comunitarios indígenas, facilitando así procesos de desalojo expeditivos que no respetarían la garantía de consulta previa, libre e informada, un derecho fundamental para las comunidades indígenas establecido por la OIT.
