En un esfuerzo por consolidar la aplicación de la justicia y mejorar la respuesta ante hechos delictivos, efectivos de las Divisiones Drogas Peligrosas de siete Unidades Regionales de la Policía de Misiones convergieron ayer en Oberá para una fundamental jornada de actualización. El encuentro, centrado en las reformas introducidas por el Código Procesal Penal Federal, tuvo como objetivo principal fortalecer la articulación entre el Ministerio Público Fiscal y la fuerza de seguridad.
La capacitación se llevó a cabo durante la tarde del jueves en el Salón de Usos Múltiples de la Unidad Regional II de Oberá, congregando a personal de las Unidades Regionales II (Oberá), IV (Puerto Rico), VI (Leandro N. Alem), VIII (San Vicente), IX (Jardín América), XI (Aristóbulo del Valle) y XIII (San Ignacio). La presencia de representantes de tan diversas zonas de la provincia subraya la importancia estratégica de esta iniciativa para la cobertura integral de la seguridad en Misiones.
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La apertura de la jornada, en representación de la Jefatura de Policía, estuvo a cargo del comisario general Claudio Ludtke, jefe de la Unidad Regional II, quien resaltó la necesidad de una formación continua para afrontar los desafíos actuales en materia de investigación criminal. Las disertaciones contaron con la invaluable participación de la fiscal federal de Oberá, Dra. Viviana Alejandra Vallejos, y el auxiliar de Fiscalía, Dr. Arlindo Otto Kurtz, quienes aportaron su visión y experticia sobre el rol del Ministerio Público Fiscal en la conducción de las investigaciones penales.
Asimismo, la jornada se enriqueció con la intervención de especialistas del Grupo Criminalística y Estudios Forenses del Escuadrón 11 "San Ignacio" de Gendarmería Nacional. Su presencia permitió abordar aspectos técnicos y operativos cruciales, especialmente en el tratamiento de la evidencia y la aplicación de métodos científicos para el esclarecimiento de los hechos delictivos. La colaboración entre distintas fuerzas de seguridad, tal como se evidenció en esta actividad, es un pilar fundamental para la eficiencia del sistema de justicia.