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Brasil multa a Meta con 1,34 millones de dólares por incumplir el trato igualitario en la campaña electoral

El Tribunal Superior Electoral resolvió por unanimidad sancionar a Facebook con 7,5 millones de reales por no acatar las órdenes judiciales durante la segunda vuelta presidencial de octubre. La empresa negó haber interferido políticamente, pero reconoció fallas técnicas que afectaron la campaña de Lula.

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Por Juan Pablo Mercado
12 Nov, 2026 a las 07:10 hs Internacionales
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El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil resolvió multar a la plataforma Facebook, propiedad de Meta, con 7,5 millones de reales (unos 1,34 millones de dólares) por no haber acatado las órdenes judiciales dictadas durante la campaña de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de octubre pasado.

La decisión fue adoptada de forma unánime por el pleno del tribunal el 10 de noviembre. Los magistrados consideraron que la empresa no cumplió con las medidas exigidas para procurar un trato igualitario en la distribución y el alcance del contenido de las campañas para la Presidencia de la República.

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El expediente se abrió un mes antes, cuando la campaña del entonces aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, presentó una denuncia ante el TSE por "fuertes sospechas de intento de interferencia en el proceso electoral brasileño en beneficio de la candidatura" de su rival, Flávio Bolsonaro.

Con el avance de la investigación, se demostró el favorecimiento, incluso a través de la inteligencia artificial de Meta. Frente a esas evidencias, la empresa estadounidense negó haber interferido políticamente en los sufragios, aunque reconoció una serie de fallas técnicas que afectaron la campaña de Lula.

El tribunal, en cambio, no halló pruebas suficientes para sostener que Meta actuó deliberadamente para "desequilibrar la elección". Así lo expuso el juez ponente, Marco Aurelio Bellizze, quien desplazó la discusión hacia un terreno más amplio: el poder que las plataformas digitales acumularon sobre la conversación pública.

"Las empresas que inicialmente se presentaban como intermediarias en la comunicación han llegado a desempeñar un papel central en la organización del entorno informativo, estableciendo criterios de visibilidad, seleccionando contenidos e influyendo en cómo las personas acceden a la información, se forman opiniones y participan en el debate público", afirmó.

La resolución no clausura el debate de fondo, pero fija un precedente sobre las obligaciones de las plataformas cuando la Justicia electoral les ordena garantizar condiciones equivalentes entre candidatos. El criterio de trato igualitario en la distribución de contenidos es uno de los puntos más sensibles para las empresas tecnológicas, cuyos algoritmos ordenan y jerarquizan la información que llega a millones de usuarios.

Los puntos centrales de la decisión pueden resumirse así:

  • Multa de 7,5 millones de reales (1,34 millones de dólares) contra Facebook, de Meta.
  • Votación unánime del TSE, con ponencia del juez Marco Aurelio Bellizze.
  • Reconocimiento de fallas técnicas por parte de la empresa y negativa de cualquier interferencia política.
  • Ausencia de pruebas sobre una actuación deliberada para desequilibrar la elección.

La distinción que trazó el tribunal resulta clave para entender el alcance del fallo: una cosa es el incumplimiento de órdenes judiciales, verificable y por lo tanto sancionable, y otra muy distinta es la intención deliberada de alterar el resultado de una elección, extremo que no quedó acreditado. Esa diferencia permitió aplicar una sanción económica sin avanzar sobre acusaciones de mayor gravedad.

El caso también deja al descubierto la tensión entre la velocidad con la que las plataformas ajustan sus sistemas y los tiempos de la Justicia electoral, que debe intervenir en medio de una campaña en marcha. Las fallas técnicas reconocidas por Meta ocurrieron en un tramo decisivo del proceso, cuando cada día de exposición de un candidato tiene un peso difícil de medir y, sobre todo, difícil de reparar.

Para las democracias de la región, el fallo aporta una referencia concreta: las plataformas pueden ser sancionadas por no cumplir instrucciones de equidad, aun cuando no se pruebe una voluntad de manipulación. El debate sobre cómo se distribuye la visibilidad de los contenidos políticos queda instalado, y ya no como una discusión abstracta sobre algoritmos, sino como un asunto con consecuencias económicas y judiciales.

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